Con el fin de proteger los derechos a la verdad, justicia y reparación, la Constitución se ha encargado de dar amplitud a las garantías que deben acompañar a la víctima del delito, dándole la calidad de interviniente especial, y poniendo de presente la oportunidad que tiene la misma de obtener el restablecimiento y reparación de sus derechos dentro del proceso penal.