Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10983/610
Title: La selección del juez constitucional en el estado social de derecho
Authors: Tibaduiza González, Irma Cristina
Camacho, Darhuid Jonathan
Director(s): Cubides Cárdenas, Jaime Alfonso, dir.
Keywords: ESTADO SOCIAL DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
JUEZ CONSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ESTADO SOCIAL DE DERECHO
PODER JUDICIAL
DERECHO COMPARADO
Issue Date: 10-May-2013
Abstract: El Estado social de Derecho, establecido en la Constitución Política de 1991, relacionado con el articulo 228 que indica que la administración de justicia es función pública y que sus decisiones son independientes, le da un cambio significativo a la función del juez, en el que lo hace portador de la visión institucional del interés general. El juez, al poner en relación la Constitución, sus principios y sus normas con la ley y con los hechos; está obligado a tomar decisiones encaminadas a la protección de derechos y libertades de los ciudadanos. Para lograr esto, el juez fue dotado de una serie de facultades que le permiten tener total independencia de otros entes o ramas del poder público, todas estas basadas y sujetas a la Constitución de 1991 y a la ley, lo que le brinda garantía en sus actuaciones. Es por ello que se hace indispensable replantear la elección de los jueces Constitucionales, específicamente magistrados de la Corte Constitucional, toda vez que sus decisiones adquieren total relevancia pues con ellas se debe llegar a la noción de justicia, para alcanzar los fines propios del Estado, Sus funciones los obligan a darle verdaderas respuestas a los problemas reales de un contexto social en un momento histórico determinado, y en un estado Social de derecho. Se debe evidenciar mucho más el rol del juez constitucional, por aquello de la supremacía constitucional y un sistema de judicialidad constitucional que garantice que sus decisiones sean respuestas racionales y efectivas, en el que no se satisfaga únicamente intereses personales o individuales de quienes los eligen sino que por el contrario sea una solución justa que proyecte sus efectos a intereses generales o de carácter “erga omnes”, es decir que los principios constitucionales, sean de acatamiento para toda una comunidad
URI: http://hdl.handle.net/10983/610
Appears in Collections:AAA. Pregrado Derecho

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