Examinando por Autor "Vizcaíno-Solano, Angélica"
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- PublicaciónSólo datosAbrir la caja de Pandora: Retos y dilemas de la criminología Colombiana(Universidad Catolica de Colombia, 2021-12-16) Silva-García, Germán; González-Monguí, Pablo Elías; Vizcaíno-Solano, Angélica; Pérez, Bernardo; González-Monguí, Pablo ElíasEste trabajo revisa los principales desarrollos en el campo de la criminología en Colombia al inicio de la tercera década del siglo XXI. Plantea un conjunto de problemas organizacionales, epistemológicos, metodológicos y teóricos para discutir los desafíos más significativos en torno a la consolidación y la continuidad de los avances actuales e identifica nuevas complejidades que emergen en este campo, al igual que posibles estrategias para lidiar con ellas. Para ello, se han utilizado los métodos histórico, analítico y dialéctico. Los principales hallazgos muestran progresos concomitantes y sustanciales en el desarrollo de un corpus teórico, así como en la producción de nuevos conocimientos basados en la investigación sociojurídica, histórica, empírica y documental. Además, confirma la presencia de visibles vacíos, baches y áreas desatendidas en la órbita del pensamiento y de la investigación criminológica actual. Su principal contribución radica en la identificación de limitaciones y deficiencias claves y el esbozo de posibles caminos.
- PublicaciónSólo datosEl desarrollo de la sociología jurídica latinoamericana(Universidad del Zulia, 2019) Silva-García, Germán; Llano-Franco, Jairo Vladimir; Velasco-Cano, Nicole; Vizcaíno-Solano, Angélica; Universidad del Zulia. Facultad experimental de ciencias. Departamento de Ciencias HumanasCon influencia europea la sociología jurídica nace en Latinoamérica, para avanzar por tres etapas. En la primera, coincide con las críticas al positivismo jurídico; en la segunda, las contribuciones esclarecen el objeto de estudio y sus fundamentos teóricos y metodológicos; por último, es forjado un ambiente maduro para su progreso. Entre los países donde alcanza un mayor desarrollo se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela. Este trabajo demostrará que la sociología jurídica latinoamericana ha adquirido una identidad y desarrollos singulares, lo que ha revertido de manera natural
- PublicaciónSólo datosUna dosis de dignidad para acabar con el círculo vicioso en las políticas públicas antidrogas(Universidad del Zulia, 2020) Vizcaíno-Solano, Angélica; Universidad del Zulia. Facultad experimental de ciencias. Departamento de Ciencias HumanasSon muchos los cambios de la política antidrogas desde el enfoque del consumidor, pasando de la normatividad que contempla sanciones para los consumidores, hasta la jurisprudencia que fundada en el libre desarrollo de la personalidad y en la dignidad humana brindan protección al consumidor como un asunto de salud pública. Teniendo en cuenta que estas políticas públicas en Colombia enfrentan un retroceso inminente con respecto a la tendencia mundial, es importante su estudio para determinar si son respetuosas de la dignidad humana. En aras de evidenciar lo anterior, el presente texto tomará como referencia artículos e informes especializados.
- PublicaciónAcceso abiertoLas drogas: políticas nacionales e internacionales de control. Una introducción crítica(Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2015, 2015) Pérez-Salazar, Bernardo; Tirado-Acero, Misael; Vizcaíno-Solano, Angélica; Pérez-Salazar, BernardoEl control de drogas es un tema que durante décadas ha alimentado la violencia política en Colombia y contribuido a entronizar en nuestra cultura los anti-valores que soportan la industria del tráfico internacional de drogas ilícitas. Entre ellos, la generalización del afán de enriquecimiento fácil y rápido, uno de los patrones más dañinos que han dejado los contrabandistas y narcotraficantes y que se celebran en las dramatizaciones televisadas que hoy representan uno de los productos bandera de exportación de nuestra industria cultural. La corrupción generalizada es otra de las consecuencias más infortunadas que deja la cultura del narcotráfico. Cerca de cinco millones de hectáreas de nuestras tierras más productivas, adquiridas con dineros producto del tráfico internacional de estupefacientes, han pasado a manos de narcotraficantes durante las últimas décadas con la complicidad de abogados, notarios, registradores de instrumentos públicos, banqueros, autoridades civiles, de policía, militares y representantes políticos. Si bien, por medio de leyes para la extinción de dominio a favor del Estado de bienes derivados de actividades ilegales, el país hace esfuerzos importantes para recuperar estas tierras mal habidas por testaferros que encubren tanto a narcotraficantes como a cabecillas de grupos armados ilegales; tristemente, de un total de dos millones de hectáreas incautadas dentro de procesos penales de esta naturaleza, aproximadamente un millón y medio de hectáreas han sido devueltas.
- PublicaciónAcceso abiertoHacia nuevos horizontes del análisis de política antidrogas(Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2016, 2016) Tirado-Acero, Misael; Vizcaíno-Solano, Angélica; Pérez-Salazar, Bernardo; Pérez-Salazar, BernardoEn el mundo contemporáneo hablar de tráfico y consumo de drogas ilícitas refiere por íntima asociación a un mismo fenómeno. Los escenarios en los que se enfrentan consumidores, traficantes, productores y autoridades públicas encargadas de su represión, se atraviesan, interceptan y correlacionan. Un adicto, por ejemplo, no tiene por búsqueda lucrarse del negocio del tráfico de droga, mientras que el expendedor sí. Al traficante le importa poco la salubridad pública, mientras que para el Estado la salubridad es un bien jurídico protegido, lo cual impulsa sus acciones en contra de la producción y consumo de estupefacientes. De esta manera el Estado justifica, por ejemplo, la necesidad de erradicar los cultivos ilícitos como forma de garantizar la salubridad pública como un derecho colectivo.
- PublicaciónAcceso abiertoLa junta internacional de fiscalización de estupefacientes y la eficacia de la política antidrogas: el caso colombiano(Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2016, 2016) Tirado-Acero, Misael; Vizcaíno-Solano, Angélica; Pérez-Salazar, Bernardo; Pérez-Salazar, BernardoEn 1961, con el fin de establecer mecanismos de control en la lucha contra las drogas, se unificaron nueve convenios internacionales -vigentes en ese momento- para la fiscalización de la fabricación, porte, consumo y tráfico de estupefacientes. El resultado fue la Convención Única sobre Estupefacientes de ese año, de la cual se derivó, en 1968, el establecimiento de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en adelante JIFE. Posteriormente, la convención única fue enmendada por el Protocolo del 25 de marzo de 1972, celebrado en Ginebra, y, finalmente, el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. La convención de 1961 estableció tres listas que definen y clasifican las sustancias controladas que los Estados Miembros deben observar para hacer efectivas las disposiciones formuladas y, cuya fiscalización, es responsabilidad de la Comisión de Estupefacientes a través de la JIFE.
- PublicaciónAcceso abiertoEl panorama global: evolución reciente del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas(Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2016, 2016) Tirado-Acero, Misael; Vizcaíno-Solano, Angélica; Pérez-Salazar, Bernardo; Pérez-Salazar, BernardoEstudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000), a principios de la primera década del siglo XXI, estimaban una prevalencia de consumo, entre la población mundial de 15 a 64 años, del orden del 58% respecto al alcohol, a lo largo de la vida; acerca del tabaco, se estimaba en un 37%; y para el caso de otras sustancias psicoactivas se estimaba un 5%. Según el reporte más reciente -producido en 2014 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-, se estima que la prevalencia de uso de sustancias ilícitas a escala global ha permanecido estable en lo que va del siglo XXI. En 2012, se mantuvo en el orden del 5,2% de la población mundial, entre 15 y 64 años de edad, lo que equivale a que cerca de 243 millones de personas pertenecientes a este grupo etario manifiestan haber consumido alguna sustancia ilícita, por lo menos una vez en el transcurso del año anterior, principalmente: cannabis, opioides, cocaína y estimulantes de tipo anfetamina.
- PublicaciónAcceso abiertoLa política antidrogas: nuevos horizontes de cambio en el control de la oferta y la demanda(Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2016, 2016) Tirado-Acero, Misael; Vizcaíno-Solano, Angélica; Pérez-Salazar, Bernardo; Pérez-Salazar, BernardoDe acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994) una sustancia o droga psicoactiva es aquella que, al ingerirse, afecta procesos mentales, como la cognición o la memoria. El término es asemejado generalmente con el de psicotrópico y ambas expresiones refieren al grupo de sustancias, legales e ilegales, de interés para la política en materia de drogas. En general, la literatura refiere con el término psicotrópico, a medicamentos utilizados principalmente en el tratamiento de los trastornos mentales, como los ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, anti maníacos y neurolépticos. Bajo la categoría de sustancias psicotrópicas se encuentran los estupefacientes, acepción utilizada para referirse a sustancias cuya acción sedante, analgésica, narcótica y euforizante puede conducir al acostumbramiento y a la toxicomanía, por lo cual tienen un elevado potencial de abuso y / o dependencia psíquica/física. Entre ellos, se cuentan los estimulantes -cocaína, cafeína, nicotina-, los alucinógenos -Peyote y Psilocybes, los opiáceos -morfina, heroína-, y los sedantes/hipnóticos -alcohol- (OMS, 1994).
- PublicaciónAcceso abiertoLa reforma de la “dosis de uso personal” en Colombia(Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2015, 2015) Pérez-Salazar, Bernardo; Tirado-Acero, Misael; Vizcaíno-Solano, Angélica; Pérez-Salazar, BernardoPara cuando Colombia ratificó, mediante la Ley 67 de 1993, la última de las tres convenciones referidas, todas las obligaciones contempladas dentro del sistema internacional de fiscalización de drogas habían sido previamente incorporadas a la legislación colombiana. Por medio de la Ley 30 de 1986, que establece el Estatuto Nacional de Estupefacientes, se sanciona como delito grave el cultivo, conservación y financiación de plantaciones de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia; así como el transporte, almacenamiento, conservación, elaboración, oferta, venta, adquisición, financiación o suministro a cualquier droga que produzca dependencia. También sanciona el destino ilícito de bienes muebles e inmuebles para la elaboración, almacenamiento, transporte, venta o uso de estas drogas así como la posesión ilegal de elementos que sirvan para su procesamiento, entre ellos, éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que se utilicen con el mismo fin.
- PublicaciónAcceso abiertoEl sistema internacional de fiscalización de drogas(Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2015, 2015) Pérez-Salazar, Bernardo; Tirado-Acero, Misael; Vizcaíno-Solano, Angélica; Pérez-Salazar, BernardoLa arquitectura institucional con la cual se gobierna hoy la fiscalización internacional de drogas en marco del Sistema de las Naciones Unidas, se desarrolló formalmente a partir de la creación de la ONU al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Muchos órganos fueron calcados de mecanismos de control del tráfico de drogas peligrosas establecidos en el contexto de la Liga de las Naciones, en el período entre las dos Guerras Mundiales. Es el caso, por ejemplo, del Comité Asesor sobre el Tráfico del Opio y otras Drogas Peligrosas, creado en 1920, precursor de la Comisión de Estupefacientes que actualmente funciona en el marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El Comité de Salud de la Liga, entre cuyas funciones estaba la de recomendar las plantas y derivados que deberían ser objeto de fiscalización internacional, es por su parte el antecesor inmediato de la Organización Mundial de la Salud.