Existe un debate doctrinal y jurisprudencial en relación con la obligatoriedad de las medidas cautelares establecidas por la CIDH en sus resoluciones. En el ámbito normativo colombiano se aboga por el acatamiento de estas resoluciones y son tenidas en cuenta por organismos como la Corte Constitucional quien ha manifestado que se introducen al ordenamiento jurídico mediante el bloque de constitucionalidad.