La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP tiene como obligación garantizar el debido cumplimiento de los Derechos Humanos a las víctimas del conflicto armado colombiano; Las tensiones políticas que representaron los Acuerdos de Paz desde 2016 han tomado como escenario de batalla política a la JEP. De hecho, el presidente Duque inicialmente formuló seis objeciones la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuando ya había sido objeto de control por parte de la Corte Constitucional, y que aludían a la extradición de terceros, reparación de víctimas, práctica de pruebas para extradición, entre otros puntos. Sin embargo, los legisladores, en votación, rechazaron por mayoría esas observaciones. Esta tensión entre el gobierno y la JEP se ha materializado en obstáculos deliberados para el cumplimiento de políticas de reincorporación de los antiguos combatientes, el desarrollo agrario o las reformas políticas.