Las leyes proferidas por el Congreso de la República de Colombia en vigencia de la actual Carta Política se han enfrentado a un juicio de constitucionalidad por medio de demandas que le solicitan a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de las disposiciones por incompatibilidad con la Constitución, pero sin que ello conlleve a la responsabilidad patrimonial del legislador por la acción y omisión en el desarrollo de la ley, para el reintegro de los recursos públicos.