Dentro del sistema penal, los estándares probatorios son decisivos para garantizar la aplicación de los derechos y las garantías en aras del debido proceso y la protección de la presunción de inocencia del procesado, en relación con el deber de la defensa de desvirtuar las pruebas y la acusación, articulando principios rectores y garantías procesales que resguarden extensivamente el in dubio pro reo.