Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaC

Resumen en español

La Ley 1382 del 2010 se desarrolló con finalidad de gestionar más ágilmente los tramites ambientales y de registro minero. Está Ley buscaba garantizar una vida jurídica más formal a los títulos que se encontraban en proceso de legalización, pero en el desarrollo del proyecto se cometió un grave error ya que no cumplió con el requisito fundamental de la Consulta Previa. Este requisito debía permitir la participación de comunidades y garantizar su bien vivir en los territorios que fueran a ser objeto de procesos mineros, por ende, se analizan las consecuencias de desgaste que puede ocasionar esta omisión en el desarrollo de los proyectos de ley al ser declarados inexequibles luego de una corta vida jurídica, lo que también genera inconvenientes en los trámites administrativos en las gestiones del estado en que dicha ley debía regular. Así atendiendo al ordenamiento jurídico para poder expedir una normatividad inocua y acorde a los procedimientos de participación y respeto a los derechos humanos por medio de una debida información y gestión de los procedimientos, permitiendo garantizar una digna convivencia a las comunidades al respetar su entorno lo que conlleva a su territorio con sus recursos naturales no solo ante proyecto mineros sino bajo cualquier intervención que afecte sus zonas, ponderando el derecho económico general sobre el respeto al bienestar de una minoría.