La expropiación es un procedimiento constitucional con el cual se pone fin al derecho de propiedad en cabeza de una persona y pasa a ser del Estado, a consecuencia de ello, se derivan múltiples impactos que afectan de manera y en proporciones diferentes a unas u otras personas, la Corte Constitucional ha establecido que cuando en un proceso de expropiación se ven inmersas la garantías de personas en situación de vulnerabilidad o que gozan de un especial amparo constitucional, el derecho a la vivienda digna deja de ser un derecho netamente de carácter económico, social y cultural y transmuta en un derecho fundamental, cuya exigibilidad procede a través de la acción de tutela, en aras de que no se transgreden principios tales como el de confianza legítima.