El Estado debe generar los mecanismos legales que permitan; el desarrollo alternativo de las comunidades agrarias, la regulación del uso del suelo y subsuelo y la explotación minera, la seguridad alimentaria y la producción de alimentos transgénicos, la conservación de recursos naturales y la reparación ambiental a causa de los daños que el conflicto le ha causado a la tierra, los derechos de los pueblos a la propiedad y uso del agua y el apoyo adecuado de financiamiento de la política rural como la creación de fondos parafiscales para el campesinado y el desarrollo de infraestructura para la producción agropecuaria. Es por lo tanto decisivo para Colombia, que todo intento de generar paz, pase por el campo y la forma como los gobiernos ataquen la problemática agraria. Hoy en día el sector agrario juega cada vez un papel menos relevante en la composición del PIB del país, sin embargo no se debe desconocer que las economías sobre todo si son en vía de desarrollo, deben sustentar su crecimiento, Dándole un papel clave al sector agrario.