La Ley 1563 de 2012 facultó a los árbitros para decretar una amplia gama de medidas cautelares nominadas e innominadas; sin embargo, en la práctica se hace poco uso de ellas, poniendo en riesgo su eficacia, así como la propia tutela judicial efectiva, por lo cual se pretende identificar las razones por las cuales no solicitan o no se decretan.