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Resumen en español

A pesar de cumplir 25 años de implementación de la Constitución Política colombiana de 1991 con una extensa carta de derechos, su garantía y materialización ha sido evidentemente precaria a la par del insuficiente desempeño de la gestión del poder judicial y de la Corte Constitucional para tal efecto. En ese sentido es menester propiciar una reestructuración al interior de la Corte Constitucional en cuanto a sus métodos de abordaje de los derechos e interpretación sistemática de la Constitución, a través de la construcción de una jurisprudencia científica y coherente y, la posibilidad de instaurar acciones indemnizatorias a favor de quienes observan la vulneración de sus derechos fundamentales. Así mismo es necesario promover una coordinación entre la Corte Constitucional y los demás operadores judiciales, especialmente las Cortes de cierre de la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa, máxime cuando la disposición del artículo 333 del código general del proceso abre el espacio para la construcción de un escenario de articulación de la jurisdicción constitucional con las jurisdicciones especializadas para promover una protección idónea de los derechos fundamentales de los ciudadanos.