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Resumen en español

Mediante una nutrida jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido el principio de integralidad en salud, el cual no solo requiere que las prestaciones, las intervenciones y los procedimientos para proteger el derecho fundamental se presten en su totalidad, sino que el servicio se garantice en condiciones de accesibilidad, oportunidad y eficiencia. Sin embargo, con el modelo de aseguramiento en el que se encuentra Colombia a partir de la Ley 100 de 1993, la prestación de los servicios de salud, en especial en casos de pacientes de alto costo, implica altos costos para el sistema. Esto implica la evaluación entre la necesidad de atención y la garantía en suficiencia de los recursos para toda la población con un criterio de eficiencia.