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Resumen en español

Actualmente en Colombia existe una multiplicidad de procesos penales, siendo uno de ellos el consagrado en la Ley 906 de 2004. Ahora bien, el desarrollo de estos procesos debe atender a una serie de derechos y principios constitucionales y legales que no pueden ser desconocidos por las autoridades judiciales entre los que se encuentra el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política colombiana. Dentro del debido proceso se destaca el derecho del sindicado a contar con un abogado que garantice el ejercicio de una defensa técnica, en esa medida cabe resaltar que los Estados tienen un grado responsabilidad en la organización eficiente, la preparación adecuada y el ajuste a los estatutos de la profesión de los abogados litigantes, esto es aún más evidente cuando quien comete los yerros es un defensor público, teniendo en cuenta que es el estado quien le proporciona el mismo a un sindicado para garantizar un derecho, y sin embargo es este mismo quien termina vulnerando el debido proceso del acusado. Así entonces resulta relevante determinar la procedencia de la solicitud de nulidad del proceso penal cuando se compruebe que existieron fallas en la defensa técnica por parte del abogado defensor que culminan en una defensa jurídica deficiente que es determinante en la decisión emitida por el juez.