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Resumen en español

El análisis del tratamiento y el desarrollo que ha tenido el derecho a la libre competencia a partir del primer antecedente normativo colombiano desbordaría las pretensiones del presente capítulo; sin embargo, esbozar algunas de las particularidades del sistema constitucional colombiano en el que descansa resulta esencial para comprender su importancia como principio y derecho. Su naturaleza jurídica resulta ser compleja y esta característica ha sido producto de la influencia de diversos sistemas normativos que han contribuido a su estructuración y permiten entender los diversos matices que lo acompañan. Como señala Smith en La riqueza de las naciones “el consumo es el fin último y propósito de toda producción; habría pues que atender al interés del productor solo en la medida en que es necesario para promover el del consumidor […] en el sistema mercantil, el interés del consumidor se sacrifica casi de forma constante al interés del productor; y parece considerarse la producción y no el consumo como fin último y el objeto de toda la industria y el comercio”.1 Este argumento permite introducir la idea de que toda la producción apunta al consumo, que este se encuentra condicionado por múltiples variables, que el mercado se caracteriza por agentes diversos y que en consecuencia la protección de la competencia económica no puede satisfacer los intereses de uno solo de los extremos de la relación comercial. Al tratarse de una relación dinámica, múltiples actores concurren al mercado en procura de satisfacer sus propios intereses —disímiles—. Como se desarrollará, las normas de protección y promoción de la libre competencia giran en torno a la protección de dos objetivos: eficiencia del mercado —orientación propia de una visión mucho más economicista— u objetivos sociales2 —propios de una visión jurídica— y aunque la cuestión pareciera ser sencilla, el debate aún se encuentra inconcluso.