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Resumen en español

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagra una cláusula de responsabilidad del Estado en cierta forma como consolidación del Estado Social de Derecho. Esto debe entenderse como la identificación que el Estado en el ejercicio de sus actividades puede causar daños a personas que no tienen el deber jurídico de sopórtalos. Dentro de los títulos de imputación que se han creado legal y jurisprudencialmente, se encuentra el de privación injusta de la libertad. Es así como en principio se reconoció la existencia de responsabilidad del Estado solo en aquellos casos donde existiera un error de las entidades de la rama judicial, y posteriormente se produjera la exoneración por sentencia absolutoria del condenado, o porque el hecho punible no existió o el sindicado no lo haya cometido. Respecto del tema el Consejo de Estado ha considerado que en casos específicos en los que el sindicado es absuelto en virtud de la aplicación del principio de in dubio pro reo es probable predicar que existe responsabilidad por parte de la administración, lo que fue desvirtuado en cierta medida por la Corte Constitucional en su sentencia de unificación sobre el tema, lo que logra evidenciar las variaciones en las posiciones de las altas cortes en Colombia sobre el tema.