El derecho a la participación y la construcción de ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes es un pilar fundamental para la garantía de sus demás derechos, reafirmándose con su protección los principios constitutivos del Estado Social y Democrático de Derecho. Estas garantías constitucionales son extensivas en su integridad a los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA, las cuales deben materializarse tanto en la fase del proceso judicial, como en la ejecución de las medidas y sanciones en el marco del proceso de atención.