Se establece que los instrumentos jurídicos creados por el Estado Colombiano contribuyen a la transformación de los estereotipos de género que promovieron los repertorios de violencia sufridos por la mujer en el marco del conflicto armado. Los cuales han sido cuestionados desde las teorías feministas, buscando apostar a la construcción de una sociedad más justa en términos de igualdad entre hombres y mujeres.