El presente trabajo investigativo, busca analizar jurídicamente cómo el Estado colombiano ha desarrollado una política criminal para los menores de edad, desde la ley de infancia y adolescencia ley 1878 de 2018 y la Ley 1098 de 2006, contrastando este cuerpo normativo desde el desarrollo del principio de responsabilidad, para identificar el impacto que ha tenido dentro de la sociedad. Colombia posee una política criminal laxa ante las conductas punibles que cometen los menores de edad, los cuales asumen un dejo de impunidad, pues se concibe la política pública del Sistema Penal de Responsabilidad para Adolescentes (SPRA) sobre el eje de restablecimiento de derechos, considerando a los menores infractores como víctimas de sus propias conductas, pues la normativa vigente se basa en principios cuya aplicación pretende la restauración de derecho y no una sanción punitiva, garantizando los derechos de los menores para generar un desarrollo integral del mismo.