Con el incremento de Consultas Populares relacionadas con temas sobre la protección al derecho ambiente sano, se han generado debates jurídicos entorno a si este es o no el mecanismo jurídico y participativo adecuado para garantizar la salvaguarda del derecho mencionado. Con la sentencia SU 095 de 2018, la Corte Constitucional sentó un precedente que, dando un giro a la línea jurisprudencial manejada por el tribunal, con este pronunciamiento se vislumbrar diferentes conflictos presentados entre principios constitucionales limitando la realización de Consultas Populares en relación con decisiones sobre proyectos relacionados con la explotación del subsuelo y recursos naturales no renovables.