De acuerdo con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de 1991 y las disposiciones que se han incorporado al ordenamiento jurídico mediante el bloque de constitucionalidad, es evidente que, ante la actual violencia sistemática contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, se deben tomar medidas de protección para investigar y castigar a los responsables, ya que la impunidad empeorará la seguridad de estas personas.