En el presente trabajo de grado se aborda el problema existente entre la regulación del derecho fundamental de petición que han expedido la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en el sector de los Servicios de Comunicaciones y su franco desconocimiento a los presupuestos constitucionales que se disponen para el exclusivo desarrollo de este tipo de derechos reservado sólo a través de una Ley Estatutaria.