Después de varias décadas de conflicto armado interno en Colombia, el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo), en 2012 inicia un hito histórico relevante en los procesos de paz en el país, con la apertura a la mesa de diálogo entre los actores en conflicto, en esta se negoció el protocolo de Justicia Transicional denominada como Justicia Especial para la Paz, en la cual se pretende organizar la situación jurídica de las partes en conflicto. Dicho mecanismo se fundamentó como una estrategia que dinamizara la relación jurídica de los actores en el posacuerdo, su función es acabar con el conflicto interno desde un acuerdo político que finalice el conflicto armado, es así como se desarrollaron alternativas de justicia que permitieran la paz, reconciliación, la verdad y la reparación. Sin embargo, en la implementación se han presentado diversos problemas, en cuanto la forma como se desarrollaron los lineamientos jurídicos y políticos, teniendo en cuenta la polarización política del país, y la posible intervención de instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), en el marco del acuerdo internacional suscrito por el Estado colombiano (Estatuto de Roma).