La posibilidad de establecer una sanción como la cadena perpetua para los delitos de homicidio bajo modalidad dolosa y acceso carnal violento hacia niños, niñas y adolescentes, marcó un acontecimiento que sin duda tuvo gran aceptación por amplios sectores de la sociedad, pero a su vez generó un rechazo por algunos juristas en el campo penal y defensores de los derechos humanos. Puesto que se estaría transgrediendo una serie de derechos constitucionales, que en virtud de un Estado Social de Derecho tal como lo proclama la Constitución Política de 1991, se estaría afectando el derecho a la resocialización del condenado y como consecuencia de ello, la dignidad humana. Así como también, la extralimitación de las funciones del Congreso, en cuanto a la reforma de la constitución. En ese sentido, la presente investigación tiene como finalidad desarrollar un análisis dogmático sobre los argumentos jurídicos que el juez constitucional determinó para declarar la inexequibilidad del acto legislativo 01 de 2020, en su sentencia C - 294 de 2021. (Tomado de la fuente).